“deporte” de las apelaciones encarece la obra pública Noticias | Sucesos | 99kph

(99KPH). De 10 proyectos trascendentales para el desarrollo de infraestructura pública, al menos el 60% registró algún tipo de apelación –planteada por empresas constructoras- durante la etapa de contratación y eso encarece el precio de las obras.

Ese es uno de los hallazgos del primer Informe de Aseguramiento de Proyectos de Infraestructura Pública, divulgado este 27 de noviembre y elaborado por la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Entre los proyectos evaluados figuraron Cañas-Limonal, Limonal-San Gerardo, San Gerardo-Barranca, Circunvalación Norte, ruta 32 entre Río Frío y Limón, paso a desnivel en rotonda de las Garantías Sociales, construcción de nuevo Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, proyecto geotérmico Las Pailas II y ampliación de acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal.

Este tipo de apelaciones se presentan cuando las compañías interesadas conocen el resultado del concurso licitatorio de ejecución de la obra. Si no les favorece, en la mayoría de los casos buscan algún portillo para sustentar el reclamo.

“Este es un tema que se ha hablado bastante en el ámbito de contratación administrativa. En otros de los proyectos (20%) no tuvimos y en otros (20%) no aplicaba todavía el análisis. Pero, para la información del 60% que sí aplicaba el análisis, es decir en 6, se habían presentado apelaciones en la adjudicación del proyecto”, explicó José David Rodríguez, ingeniero de la Unidad de Auditoría Técnica de Lanamme.

Los proyectos Limonal-San Gerardo y San Gerardo-Barranca estuvieron frenados por apelaciones planteadas por empresas a las adjudicaciones ganadas por China Power Construction, las cuales derivaron en un señalamiento de la Contraloría General de la República (CGR) al constatar que la compañía no cumplía a cabalidad con todos los requisitos solicitados.

Producto de eso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) determinó anular ambas contrataciones y unificar los 2 proyectos en uno solo: la modernización vial Limonal-Barranca, con una construcción de carretera en La Angostura de Puntarenas.

“La decisión tomada por el MOPT sobre unir ambas contrataciones que acá son analizadas cuando se encontraban separadas, se dio luego de que la CGR declarara con lugar una serie de apelaciones a las adjudicaciones. Los temas apelados se trataron de requisitos financieros y de experiencia. La CGR también declaró con lugar apelaciones que fueron presentadas a la segunda ronda de adjudicaciones, lo que implicaba que la oferta que quedaba en tercer lugar en cuanto a monto hubiese sido elegida.  Esto, según el MOPT, hubiese encarecido el proyecto”, describe el informe

Otra de las obras evaluadas y que actualmente está en curso, el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, estuvo en ascuas producto de una apelación planteada por la empresa FCC.

Finalmente, la CGR validó el acuerdo entre la constructora MECO y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y se procedió con la etapa constructiva. Se espera que el proyecto esté listo en los primeros meses de 2020.

También el proyecto para construir el nuevo hospital de Puntarenas fue objeto de una apelación, la cual no tuvo éxito y culminó en el aval para adjudicar la obra al consorcio Van Der Laat y Jiménez/Ingelectra.

Apelaciones: un deporte

Desde hace meses el MOPT y el Poder Ejecutivo le pusieron el ojo a las apelaciones en obra pública. Por ejemplo, el jerarca las ha calificado como “enfermizas” y ha calificado su presentación como un asunto de “deporte”.

“Hay aspectos de las licitaciones que están fuera de nuestro control, como la posibilidad de apelaciones. Ese es un deporte que es muy familiar en nuestro país. Siempre hay que tomarlo en consideración y el período de tiempo que se requiere para tramitar esos procesos”, recordó el ministro, el pasado 20 de noviembre.

En setiembre pasado, el presidente  Carlos Alvarado explicó que existen fallos de la Sala Constitucional que facultan este tipo gestiones de parte de las empresas. Sin embargo, cree que es un asunto que se debe cambiar y procura que en la Asamblea Legislativa se formulen propuestas en ese sentido.

“En otro campo en el que tenemos que desatar un nudo mental y legal que existe en este país y que don Rodolfo (Méndez Mata) lo ha señalado claro y diáfanamente: en Costa Rica es un deporte apelar y sin ningún costo. Hay una posición emitida de un fallo de la Sala Constitucional, pero creo que la Asamblea Legislativa debe enmendar ese fallo constitucional y reconsiderarse esa posición”, detalló el mandatario, durante una inspección en Circunvalación Norte.

¿Cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo? Según Alvarado, ya solicitó a los diputados y a los distintos jerarcas para que incluyan mociones con esta orientación en un proyecto de ley –impulsado por la CGR- para remozar los procesos de contratación administrativa.

De igual manera a lo interno del MOPT se construye una propuesta con este objetivo, la cual vería luz en los próximos meses.