Las instituciones sí importan

La situación costarricense es preocupante, eso es un hecho. El tema sanitario nos tiene muy nerviosos a todos, y entre nervios y pasiones, la crisis va poniendo en evidencia lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad. Como si esto fuera poco, el Gobierno de la República se esmera, en un acto de irresponsabilidad inimaginable en otros tiempos, en poner sus caprichos por encima de las circunstancias, ya no las necesidades.

El empeño que tiene este gobierno en pasar a la historia como el gobierno del bicentenario, sin duda, le dará un resultado; pero no positivo, como es evidente. Pero, la incapacidad del gobierno en la gestión de la crisis nacional, que es previa a la pandemia, y la clara falta de liderazgo del presidente Alvarado, son una cosa menor frente a las consecuencias políticas que las irresponsabilidades de su gobierno podrían ocasionar en esta “Costa Rica del bicentenario”.

En esta oportunidad no quisiera entrar en detalles sobre lo que es ampliamente conocido: el gobierno es un “desorden”. Los ministerios más importantes han sido “trampolines” en que los funcionarios “jóvenes” y “especializados” se entretienen un día sí y el otro también frente al desastre nacional. Todo esto al amparo de un discurso tan rancio como inefectivo: “es necesario poner gente joven al frente” o “Hay que renovar liderazgos”, como dijo el Sr. presidente ante la renuncia del Ministro de Hacienda hace unas semanas. No me estoy inventando nada; son los hechos. A esto quisiera decir, a pesar de mi edad: que no hay que poner gente joven, Sr. presidente, hay que poner gente responsable y capaz. Gobernar no es figurar.

Ahora bien, el problema que sí parece grave, en tanto sus efectos pueden desacomodar la forma en que Costa Rica se ha organizado y ha funcionado como comunidad política, es el grave daño a la institucionalidad. A mi modo de ver, la institucionalidad es el baluarte que ha permitido a este país alcanzar una estabilidad política sin parangón en la región latinoamericana. De la mano de esa estabilidad política ha venido todo el desarrollo social del que nos hemos sentido muy orgullosos. La etapa de la Costa Rica reformista tiene una particularidad casi única en la región, y es que se hizo por medio de las instituciones y no a través de personalismos.

¿Qué quiero decir con esto? Pues que la consolidación de la segunda república se llevó a cabo con base en el respeto a las instituciones y no con el personalismo de los líderes que las forjaron, pues estas son las que trascienden y constituyen el verdadero legado de la historia nacional republicana. Ciertamente, la popularidad de los líderes como Rafael Ángel Calderón Guardia y José Figueres Ferrer juega un papel importante en el desarrollo político costarricense, sin embargo, la preocupación de ambos, cada uno a su manera, fue la de institucionalizar a esa Costa Rica que entraba al siglo XX anclada en vicios políticos del siglo pasado.

Por supuesto que hay que admitir algunas contradicciones en las formas de llevar a cabo estos procesos de institucionalización del poder, pero, en cualquier caso, el resultado es el mismo y evidente: Costa Rica consolidó un régimen democrático y republicano que persiste hasta hoy, cuya fortaleza reside en el respeto de una serie de principios institucionales (políticos y jurídicos) que van desde la división de poderes de la forma republicana hasta las pautas no escritas del juego democrático. (Eso de que los actores no se ven como enemigos sino como adversarios legítimos que mencioné en Affaire UPAD hace ya unos meses).

Los costarricenses tenemos muy impresa esta idea en nuestro pensamiento político que, en ocasiones, el ciudadano costarricense promedio no comprende lo que ocurre en los procesos políticos de países como Venezuela, Honduras o Nicaragua. No logra comprender que su percepción sobre la democracia es parte de una cultura política forjada y protegida por más de 70 años, donde los problemas los resuelven los tribunales y no los fusiles ni las revueltas. En ocasiones tampoco es consciente de que todo esto se debe a un importante proceso de institucionalización democrática que no nace de un día para otro. Sin embargo, el costarricense promedio, aunque no comprenda con precisión este desarrollo político que le antecede a “Costa Rica su patria querida”, afortunadamente, se siente muy partícipe de estos resultados. Sin embargo, por esta falta de conocimiento o, a veces, de interés, estos resultados no son defendidos como deberían. Aquí está el meollo del problema, son estos resultados los que se están poniendo en riesgo de manera solapada en esta administración. El gobierno que preside Carlos Alvarado tiene una espantosa marca personalista, el desespero por el brillo personal y el de los miembros de la cúpula con la que intenta gobernar hace sonrojar a la vergüenza.

El postureo de la Sra. Campbell en la Cancillería, las frecuentes contradicciones entre los ministros y el mismo presidente (para ver cual queda mejor), el desespero de doña Claudia para ser escuchada por los diputados cuando no es ministra ni funcionaria pública con competencia para presentar un proyecto como el del tren eléctrico, son ejemplos del enfoque personalista que este gobierno está instaurando. Pero es un personalismo raro, donde cada funcionario parece “jalar” por lo suyo y no la consolidación de influencia en un “supremo líder”, menos mal. Sin embargo, ese personalismo atípico con que se conducen los funcionarios del Gobierno no deja de ser perjudicial, pues sigue estando en detrimento de la institucionalidad. Estos señores ven a las instituciones como escaleras para su ascenso personal.

Los costarricenses necesitábamos en Cancillería un ministro o ministra que le importara trabajar con seriedad las principales líneas de la política exterior costarricense, no celebridades para las fotos y los viajes. Necesitábamos ver a un ministro o una ministra de Obras Públicas y Transportes haciendo su trabajo y defendiendo en primera fila un proyecto que se dice nacional, y no a una primera dama que carece de funciones constitucionales y que representa el papel de salvavidas para la gestión de su marido. Necesitábamos presencia de funcionarios del Ministerio de Salud o de la CCSS, según sea su competencia, en la vigilancia de la crisis sanitaria, no esos “comités comunitarios” que parecen un peligroso refrito populista. ¡Necesitamos que las instituciones hagan su trabajo! Para eso existe la Cancillería, para eso existe el MOPT, para eso está el Ministerio de Salud y la CCSS.

Este empeño por mostrarse como salvadores en su carácter personal y no desde el ámbito institucional solo hace patente una trágica lesión al orden político costarricense. Menguar la institucionalidad es menguar la democracia; menguar la democracia es negar la historia política costarricense de más de medio siglo. La democracia liberal es el único régimen que posibilita el ejercicio de las libertades en una mejor medida, y la democracia es posible solo a través de las instituciones. Son las instituciones y no las personas las que trascienden y proveen la estabilidad necesaria para el desarrollo social del individuo y su familia. Así las cosas, cualquier propuesta política que pretenda desmantelar las instituciones, sea del PAC o los que tienen visiones mesiánicas en simples mortales, debería ser rechazada con contundencia por todo ciudadano que se presuma demócrata.

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