otra obra vial millonaria castigada por los atrasos Noticias | Sucesos | 99kph

(99KPH). Tal y como sucede con las modernizaciones viales en las rutas Limonal-Cañas y Río Frío-Limón, los atrasos también se ciñen con otro proyecto trascendental: el mejoramiento de la ruta nacional 160 entre Playa Naranjo y Paquera.

La obra, a cargo de la empresa española AZVI, pretende pasar de lastre a asfalto casi 22 kilómetros con una inversión superior a los $27.5 millones financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Programa de Ingeniería de Transporte (PIT).

La orden de inicio de la etapa constructiva se giró el 30 de julio de 2018. El proyecto debía concluirse un año después (29 de julio de 2019). Sin embargo, en razón de atrasos y la aprobación de días compensables, la fecha de conclusión se ha ido postergando sin que exista certeza definitiva.

AZVI es la misma compañía encargada del proyecto de ampliación del tramo Limonal-Cañas, en la ruta Interamericana Norte, la cual también es foco de señalamientos por atrasos.

Un informe de Auditoría General del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), publicado el 1° de julio tras inspecciones entre el 27 y el 29 de mayo, apunta a que el último programa de trabajo aportado por la empresa tenía como fecha de finalización el 30 de abril. Sin embargo, como se le aprobaron 325 días compensables, la conclusión se postergó para el 28 de julio y a la fecha existen numerosos pendientes por resolver.

A finales de abril pasado la unidad ejecutora del proyecto registraba un avance del 56% en el proyecto, pero a esa fecha el indicador debía ser del 85%. “Esta condición evidencia un atraso significativo en el desarrollo de las obras”, advierte el documento fiscalizador.

¿Cuál es el motivo de los atrasos? La principal causa responde a retrasos en el traslado de líneas eléctricas y de telecomunicaciones con 99 días reconocidos. En segundo lugar destaca la reubicación de tuberías (86 días) y por último los efectos de la tormenta tropical Nate ocurrida en octubre de 2017 (79 días).

“Las otras justificaciones del cambio en el plazo, corresponden a problemas de estabilidad que no fueron contemplados en el diseño original y a los efectos del atraso en las expropiaciones en actividades como excavación.

“Es importante destacar que 211 días de los que fueron reconocidos como compensables (65% del total), corresponden a actividades que debieron ejecutarse o resolverse desde la etapa de planificación del proyecto, tales como la reubicación de servicios y las expropiaciones, esto evidencia debilidades en dicha etapa.

Sobre el tema en el cambio de plazos la auditoría recalcó que a la fecha no se han solicitado incrementos en el monto de inversión del proyecto, pero es una posibilidad que está sobre el tapete.

“(…) todas las órdenes de servicio en las que se aprobaron los días compensables fueron firmadas bajo protesta por parte del representante de la empresa AZVI, razón por la cual no se puede asegurar que dicha empresa no vaya utilizar esa autorización de ampliación del plazo como base para reclamos futuros por compensación económica adicional“, subrayó la el informe, donde se explica que la firma bajo protesta significa que el suscribiente por parte de la compañía no está de acuerdo con los términos del documento, salvaguardando su responsabilidad para eventuales reclamos.

Otro aspecto por resolver son las expropiaciones. Al 1° de julio se registraban un total de 101 inmuebles inscritos a nombre del Estado (32.27% del total) y 211 (67.73%) están en proceso. De esa cantidad de pendientes, 79% se tramitan en el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) y 132 en gestión fuera del ministerio (Juzgado Contencioso Administrativo, Imprenta Nacional o Procuraduría General de la República).

“Para finales del mes de junio, se esperaba finalizar con todos los trámites de expropiación, sin embargo, es evidente que esa programación no se ha cumplido, ya que al 1 de julio los 211 casos se encuentran pendientes”, recalcó la auditoría.

Conclusiones

La fiscalización destacó algunos aspectos relevantes durante el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, debido a incumplimientos en el control de tránsito y mantenimiento de la vía, así como en desvíos y accesos temporales, la empresa fue sancionada con $22.900 (más de 13 millones de colones).

Además, se encontró que en los avances de pago hubo más de $637 mil que se pagaron sin la aprobación requerida por una de las disposiciones del contrato.

La Auditoría General del MOPT pidió a Tomás Figueroa, viceministro de Infraestructura y director de la unidad asesora del PIT, presentar una copia del programa de trabajo actualizado con base en los avances correspondientes a mayo y junio.

Según el MOPT, los trabajos permitirán que la vía pase de lastre a asfalto “con una estructura de pavimento que está diseñada para que tenga una base estabilizada con cemento y una superficie de ruedo con pavimento asfáltico a 2 carriles (uno por sentido)”. 

Esta ruta nacional tiene importancia también para el turismo. La obra contempla la construcción de 4 salidas laterales a pequeñas poblaciones como: Playa Pájaros, Dulce Nombre, Punta Llorona y Quebrada Bonita. Así como la constitución de 3 puentes nuevos de 2 carriles cada uno sobre los ríos Guarial, Grande y Gigante.

En el plan de trabajo también se incluye la construcción de pasos de fauna silvestre superiores e inferiores, aceras y bahías de autobuses y mejoras en el sistema de drenaje actual.